Reducir el costo de la política: el debate pendiente sobre el financiamiento de partidos en México

Sumario: El Dr. Abel Ortiz Prado plantea la necesidad de abrir el debate sobre el financiamiento público a los partidos políticos en México, un componente clave del gasto político que sigue fuera de la discusión pese a los intentos de reforma electoral.

Por Dr. Abel Ortiz Prado

Reforma electoral: un intento sin mayoría calificada

El reciente rechazo de la Cámara de Diputados a la iniciativa de reforma electoral presentada por el Ejecutivo Federal marca un precedente relevante en la dinámica política del país.

Aunque la mayoría legislativa respaldó la propuesta, no se alcanzó la mayoría calificada requerida para reformar la Constitución.

Tras este resultado, la titular del Poder Ejecutivo anunció que en breve enviará otra iniciativa al Congreso, con el objetivo de reafirmar su convicción de que aún hay espacio para reducir el costo de la actividad política y del gobierno, mediante ajustes a los presupuestos del Senado de la República, de los congresos estatales y del número de regidores en los cabildos municipales.

Sin embargo, en este planteamiento público no se mencionó uno de los componentes más relevantes del gasto político en México: el financiamiento público a los partidos políticos.

El financiamiento público: necesario, pero costoso

El financiamiento público de los partidos políticos (FPPP) no es una singularidad mexicana; por el contrario, muchas democracias consolidadas lo utilizan para evitar que la política dependa excesivamente de intereses privados.

Países como Alemania, España, Francia, Canadá o Chile otorgan recursos públicos a sus partidos. No obstante, el diseño institucional varía significativamente.

En México, el financiamiento se determina mediante una fórmula constitucional vinculada al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo que genera montos elevados debido al tamaño de la base electoral, que supera los 98 millones de electores registrados.

En 2024, el FPPP alcanzó los 10 mil 400 millones de pesos, cifra superior a los recursos que recibirán algunos estados del país por concepto de participaciones o aportaciones federales, e incluso mayor en años electorales, cuando se suman recursos adicionales para campañas.

En términos comparativos, el financiamiento público por elector en México se encuentra entre los más altos del mundo democrático.

Eficiencia del gasto y participación ciudadana

Este contexto abre una discusión legítima sobre la eficiencia del gasto político.

Si el objetivo es realmente reducir el costo de la política, el debate público debería incluir necesariamente una revisión del modelo de financiamiento partidista.

Ello no implica eliminar el apoyo público —lo que podría incrementar la dependencia de intereses privados—, sino analizar alternativas que vinculen los recursos a la participación electoral, al desempeño institucional de los partidos o a esquemas más eficientes de competencia política.

En la última jornada electoral nacional, solo el 60.9% del padrón acudió a votar, lo que significa que cerca de 38 millones de ciudadanos no participaron, una cifra equivalente a la población total de varios países de América Latina.

Un debate necesario para fortalecer la democracia

En una democracia madura, discutir cuánto cuesta la política y cómo se financia no debilita al sistema democrático; por el contrario, lo fortalece.

Si el financiamiento público de los partidos se calcula con base en todo el padrón electoral, pero solo vota alrededor del 60% de los ciudadanos, surge una pregunta inevitable:

¿debería revisarse la fórmula de financiamiento?

Dr. Abel Ortiz Prado
aborpra@hotmail.com
Académico, consultor en finanzas, gobierno, administración pública y asociaciones público-privadas.

En Tu Revista Perfiles, respetamos absolutamente la voz del autor.

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