La crisis de los desaparecidos en Jalisco en el contexto nacional
“Fui a la Oficina de Personas
Desaparecidas, pero no había nadie allí.”
George Carlin (1937–2008) Mónologista,
cómico y escritor estadoudinense
Por Pedro Gonzales Castro y Rutilo Tomás Rea Becerra
La desaparición forzada en México opera como una tecnología de poder que fractura comunidades y produce un “duelo suspendido” (Alvarado Martínez, 2023). En Jalisco, la crisis evidencia una ineficiencia ministerial que profundiza el daño. El Informe Nacional 2026 de Red Lupa ubica a Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León entre las entidades con más casos, confirmando un patrón sistemático (Red Lupa, 2026; CIDH, 2026). Así, Jalisco es un nodo paradigmático dentro de una cartografía nacional de impunidad.
Estadística forense y capacidad institucional: el cuello de botella del Estado
La crisis de desaparición en México es también una crisis de justicia. En Jalisco, la CEDHJ documentó 107 quejas y 119 personas desaparecidas entre 2011 y 2025 (CEDHJ, 2026). La dimensión forense agrava el problema: SEMEFO y laboratorios carecen de capacidad para identificar miles de restos acumulados, generando una “segunda desaparición” (CIDH, 2026; Red Lupa, 2026). En Jalisco, fortalecer la infraestructura forense es condición esencial para la reparación y la no repetición.
Responsabilidad política y arquitectura de la impunidad
Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco han carecido de exhaustividad y debida diligencia, dificultando la localización de personas (Estos Tiempos, 2026). La impunidad responde a decisiones políticas: el gobierno estatal asigna presupuestos insuficientes; la Fiscalía omite diligencias básicas y normaliza prácticas deficientes; poderes locales muestran colusión y bloquean denuncias (CIDH, 2026; SocioNomics Lab, 2025). Nombrar estos actores desmonta la idea de un fenómeno difuso: la desaparición se sostiene en prioridades, omisiones y estrategias que privilegian la fuerza sobre la inteligencia.
La desaparición como tecnología de poder: Foucault, Mbembe y Segato
La desaparición forzada en Jalisco se expresa mediante omisiones institucionales graves: la CEDHJ documentó que el Ministerio Público no solicitó sábanas de llamadas, videograbaciones ni inscribió adecuadamente a víctimas, produciendo una profunda deshumanización (CEDHJ, 2026). Desde la biopolítica foucaultiana, la necropolítica de Mbembe y la pedagogía de la crueldad de Segato, la desaparición opera como un dispositivo de gobierno que administra territorios, regula la vida y produce zonas de muerte y silencio (Foucault, 1978/2007; Mbembe, 2003; Segato, 2013, 2016). Estos marcos permiten entender que el Estado decide qué vidas se protegen y cuáles quedan atrapadas en el olvido administrativo y la violencia estructural.
Memoria, soberanía emocional y disputa por el sentido
Ante un Estado que ha demostrado una grave ineficacia para resolver las desapariciones, la memoria se erige como un acto de resistencia. La lucha de los familiares no es solo una búsqueda de restos, sino una disputa por la dignidad frente a un entorno que normaliza la violencia.
En diálogo con Foucault, Mbembe y Segato, la memoria puede entenderse como contra-dispositivo: si la desaparición busca borrar cuerpos y relatos, la memoria reconstruye genealogías, nombres y vínculos. La “soberanía emocional y política” de las familias y colectivos de búsqueda se expresa en:
- La construcción de archivos comunitarios y registros alternativos.
- La ocupación del espacio público mediante marchas, intervenciones artísticas y plantones.
- La alfabetización emocional y política que transforma el duelo en acción colectiva.
La memoria es esencial para la reparación y para evitar la repetición de estas violencias (Alvarado Martínez, 2023).
Conclusión: reconfigurar prioridades y densificar el análisis
La crisis de los desaparecidos en Jalisco exige una reconfiguración total de la prioridad política. Es imperativo que las autoridades destinen recursos extraordinarios a la especialización ministerial, la infraestructura forense y la atención integral (CEDHJ, 2026), priorizando estas necesidades sobre el gasto en actividades superficiales (Estos Tiempos, 2026).
Al integrar la comparación interestatal, la estadística forense, la responsabilidad política de actores específicos y los marcos teóricos de Foucault, Mbembe y Segato, el fenómeno deja de ser una suma de omisiones para revelarse como una tecnología de poder que administra la vida y la muerte, la presencia y la ausencia. Mientras el Estado no garantice una búsqueda centrada en las familias y el cumplimiento estricto de los protocolos homologados (Alvarado Martínez, 2023), la memoria seguirá siendo un ejercicio necesario de soberanía emocional y política.
🎙️ COMENTARIO EDITORIAL
Referencias sugeridas
- Alvarado Martínez, F. J. (2023). Análisis social y jurídico de la desaparición forzada en América Latina y México. Tirant lo Blanch.
- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. (2026, 7 de agosto). Recomendación 19/26.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2026). Desapariciones en México. OEA/Ser.L/V/II Doc.1/26.
- Estos Tiempos, con Pedro Mellado. (2026, 16 de agosto). Fiscalía de Jalisco, incompetente en resolver desapariciones [Video]. YouTube.
- Foucault, M. (1978/2007). Seguridad, territorio, población. Fondo de Cultura Económica.
- Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11–40.
- Red Lupa. (2026). Informe Nacional de personas desaparecidas 2026.
- Segato, R. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Tinta Limón.
- Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.
- SocioNomics Lab. (2025). Tendencia acumulativa sostenida: desapariciones en México.
