abril 24, 2024

>> Un estilo de gobernar: si la ley se deja violentar, bien, si no, se cambia.

>> La “Ley Bonilla”, un ejemplo de “poder”, a costa de la Constitución.

Por Graciela Machuca Martínez

“De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”, frase atribuida al pintor español surrealista Salvador Dalí durante su única visita a México, ha sido utilizada en reiteradas ocasiones para describir a este país, a su gente, a su cultura, a su realidad. México “es un país surrealista”, como lo reconoció el fundador de este movimiento, el francés, André Bretón.

En México hemos perdido la capacidad de asombro ante episodios de nuestra vida nacional que podrían seguir siendo excelentes historias para los guiones de Luis Buñuel, cuadros oníricos de Dalí o ensayos de Bretón, realidades que pasan frente a nuestras miradas como sombras adormecedoras.

Entre el 10 y 11 de mayo de 2020 ocurrieron hechos en la escena nacional dignos de reflexiones surrealistas enmarcados en la norma jurídica sólo para llevar sueños a la realidad o sacarlos de esta.

Con motivo del 10 de Mayo, el Día de la Madre en México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en su carácter de pareja presidencial, decidieron dar un mensaje, por medio de redes sociales, desde uno de los corredores del Palacio Nacional, como un homenaje a las madres mexicanas.

El presidente de México, desde la sede del Poder Ejecutivo Federal, dio la instrucción que su mensaje fuera acompañado de una de las canciones más emblemáticas del cantautor fallecido, Juan Gabriel, que lleva el título de “Amor Eterno”, la cual, según dicho del autor se la dedicó a su madre muerta.

Sin embargo, horas después YouTube eliminó el video porque los derechos de autor son propiedad de una empresa disquera estadounidense. La historia puede pasar desapercibida y minimizarla lo más que se pueda para que pase al mundo de las anécdotas y el resbalón del presidente de la república y de su equipo de comunicación sea borrado de la memoria colectiva mexicana.

El incidente puede quedar como un mal rato de una mañana dominguera en Palacio Nacional, pero el asunto es que la infracción a una de las reglas básicas de la convivencia en la comunidad de la red social de referencia, es que la infringió el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Un principio general del Derecho es que la ley se hizo para cumplirla y si uno como usuario se adhiere a YouTube debe cumplir sus normas, nos guste o no. ¿Por qué tanto lío si en México es común que se violen las reglas? Precisamente, por ello. Cuestionamos los padres y madres de familia, quieran educar a un hijo o una hija, diciéndoles que no deben mentir, que no deben robar, pero a la primera oportunidad, roban y mienten e incluso utilizan al hijo o a la hija como cómplices.

Cada presidente de México tiene su estilo propio para gobernar, pero todos han preferido hacerlo con métodos fuera de la ley y si esta es un estorbo, para eso tienen mayoría en el Congreso de la Unión para que adecuen las normas a su voluntad o a las “necesidades” del gobierno.

De un asunto “tan leve” para el futuro de México, nos trasladamos a otro edificio, muy cercano al Palacio Nacional, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde donde se operó una sesión virtual de los ministros para discutir y votar una resolución en la que se analizan principios constitucionales de la democracia a la mexicana, me refiero a la llamada Ley Bonilla, la cual fue aprobada por el Congreso de Baja California, en su XXII Legislatura, cundo el Partido Acción Nacional tenía Mayoría, para permitirle al aún gobernador electo de esa entidad, Jaime Bonilla, gobernar por cinco años, en lugar de dos como lo establecía la Constitución estatal, periodo que se publicó en tiempo y forma en la convocatoria respectiva. 11 diputados panistas votaron a favor.

La historia es breve. Diversos medios de comunicación documentaron que el 8 de julio de 2019, en sesión extraordinaria y votación secreta “21 de los 25 diputados locales se manifestaron a favor de la iniciativa del legislador Víctor Morán, integrante de la bancada de Morena, la cual coincide con la búsqueda que estaba haciendo Bonilla Valdez para extender su periodo al frente de la próxima administración estatal que inicia el 1 de noviembre”.

El Sol de Tijuana recordó que “El periodo de dos años para el gobernador electo este 2019 se estableció en 2014, cuando la legislatura local aprobó el decreto 112 que reformó la ley electoral de Baja California para empatar las elecciones locales con las federales a partir de 2021”.

También explicó el diario tijuanense que, en dos ocasiones, el Tribunal Electoral de Baja California concedió la extensión del plazo, primero a cinco años y luego a seis, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una sentencia que mantenía el periodo en dos años.

En ese entonces, Andrés Manuel López Obrador rechazó haber manipulado al Congreso del Estado de Baja California para que aprobara la extensión del mandato de Jaime Bonilla, y aseveró que “el TEPJF determinará si hubo o no irregularidades en el proceso”. No se pronunció ante un evidente engaño a la ciudadanía bajacaliforniana. Incluso, la secretaria de Gobernación, en un video grabado sin su consentimiento, según ella, se le oye decir a Bonilla, que “la norma prevalecerá”, refiriéndose a que la ley impugnada entraría en vigor.

El pasado 11 de mayo, en sesión virtual, la SCJN determinó por unanimidad que esa ley es inconstitucional y por lo tanto el gobernador de Baja California solo gobernará dos años, de acuerdo al mandato del electorado.

Ni el presidente de la República, ni la secretaria de Gobernación, mucho menos Morena, como institución de interés público, fueron tajantes en reprobar “el fraude” que se pretendía cometer en Baja California, en contra de toda lógica jurídica. No les importó que a todas luces se viera la inconstitucionalidad de esa ley. Su objetivo era quedarse con la gubernatura tres años más. La SCJN les dijo que no.

La hegemonía morenista no se desmarcó y no reprobó expresamente el intento de fraude que Jaime Bonilla y el Congreso local le intentaban cometer a la sociedad bajacaliforniana. Desde luego que la siguiente Legislatura, con mayoría de Morena, no hicieron nada para abrogar esa ley, por lo tanto, “peca, quien mata a la vaca, como el que le agarra la pata”. Pero ahora que la Corte de Justicia tomó la decisión de evitar este atropello a la Constitución, en bloque se están pronunciando a su favor.

El nuevo estilo de gobierno es hacer su voluntad con la ley sobre la mesa o debajo de está, afortunadamente, la división de poderes da algunos destellos de congruencia y logra mitigar la tendencia. Si revisamos con detenimiento el contenido de la resolución judicial nos daremos cuenta que el ministro ponente fundó y motivó con principios básicos del Derecho Constitucional. El llamado tribunal máximo del país no podía quedar en evidencia aceptando que la Carta Magna del país fuera violentada con tal cinismo.

En su comunicado oficial, la SCJN detalló que, en sesión de 11 de mayo de 2020, realizada vía remota, el Tribunal Pleno resolvió por unanimidad que “es inconstitucional el Decreto 351 de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante el cual se amplió el periodo del Gobernador electo en esa entidad en 2019, de dos a cinco años”.

El Pleno de la Corte de Justicia determinó que dicha modificación, “la cual fue realizada con posterioridad a la elección, violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son: los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica; las bases constitucionales de la organización política de los Estados; el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad; así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes”.

Las Ministras y los Ministros recordaron que de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución General las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y que no puede haber modificaciones fundamentales durante éste; por lo que, al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, el Constituyente local incurrió en un fraude a dicho mandato.

Asimismo, el Pleno señaló que “la reforma impugnada constituyó una clara violación al principio de soberanía popular, así como a la voluntad general de los ciudadanos de Baja California, la cual fue expresada en las urnas el día de la elección, pues el día que ésta se realizó la norma vigente establecía que el plazo sería de dos años y no cinco”.

En cuanto a los efectos, el Pleno señaló que como consecuencia de la invalidez del Decreto de reforma deberá tener aplicación el artículo transitorio en su redacción original, el cual señala que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”. Por lo tanto, Baja California volverá a tener elecciones para gobernador a mediados del próximo año.

Los mismos argumentos que utilizó la Corte, fueron expuestos por los partidos políticos de oposición y por organizaciones defensoras de derechos humanos del país, incluso, un estudiante de segundo grado de la licenciatura en Derecho, podía resolver el caso en una de sus tareas escolares. Pero el hecho que el caso haya llegado a la SCJN indica que querían quedarse con la gubernatura, a pesar de que estaban violando la constitucionalidad del país.

Otro de los mandatos presidenciales que reafirma al México surrealista del Siglo XXI, es el hecho que el presidente de la república haya borrado su memoria y luego de más de una década de oponerse a que las fuerzas armadas realizaran funciones de seguridad pública, por medio de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las instruyó a salir a las calles, para realizar funciones de seguridad pública, bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El estilo de gobernar es violentando la ley, si eso se puede y si no, se cambia, al fin y al cabo, Dalí no regresó a México.

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