Nayarit actualiza su marco legal: el Congreso aprueba nueva Ley de Obra Pública tras tres décadas
Sumario: La Trigésima Cuarta Legislatura aprobó una nueva Ley de Obra Pública para el Estado de Nayarit, un ordenamiento que sustituye a la norma vigente desde 1995 y establece reglas más claras para la planeación, ejecución y control de la infraestructura pública en la entidad.
Staff Tu Revista Perfiles
Después de casi treinta años sin una actualización integral, el Congreso del Estado de Nayarit aprobó la nueva Ley de Obra Pública, un marco legal que busca ordenar, transparentar y fortalecer la ejecución de infraestructura pública en el estado y los municipios.
La aprobación se dio durante la Sesión Pública del primer periodo extraordinario de la Trigésima Cuarta Legislatura, con el objetivo de generar certeza jurídica, desarrollo regional y mayor confianza ciudadana en el manejo de los recursos destinados a la obra pública.
El nuevo ordenamiento, impulsado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, está conformado por 116 artículos y siete transitorios, y regula de manera integral todas las etapas del proceso de obra pública: desde la planeación y presupuestación, hasta la licitación, contratación, ejecución, mantenimiento, rehabilitación, demolición y control de los proyectos.
Uno de los ejes centrales de la nueva ley es el fortalecimiento de la gestión pública responsable, al tiempo que promueve la participación de empresas locales bajo condiciones de competencia justa, buscando evitar prácticas discrecionales que históricamente han debilitado la confianza en las instituciones.
El nuevo marco legal también establece medidas para prevenir esquemas opacos, como fideicomisos o contratos que eludan la supervisión institucional, priorizando la transparencia, la rendición de cuentas y el control administrativo como principios rectores de la obra pública en Nayarit.
La ley que ahora se reemplaza, publicada en 1995, contaba con apenas 73 artículos y no contemplaba una regulación específica para la obra pública de infraestructura, lo que evidenciaba un rezago normativo frente a las necesidades actuales del estado y su crecimiento urbano y social.
Además de esta aprobación, durante el mismo periodo extraordinario las y los legisladores avalaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, así como el decreto que designa al maestro en derecho Juan Daniel Martínez Ito como titular de la Secretaría General del Poder Legislativo.
Previo a la clausura del periodo extraordinario, el Congreso aprobó también el decreto de donación de un terreno a favor de los Servicios de Educación Pública del Estado, destinado a la construcción y operación de un Centro de Atención Múltiple, reforzando el componente social de la agenda legislativa.
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