La ciudad del agotamiento: propuestas para que la movilidad sea un derecho laboral del magisterio en Jalisco

“Una ciudad avanzada no es aquella en la que

incluso los pobres tienen auto, sino aquella en la que

hasta los ricos utilizan el transporte público.”

Enrique Peñalosa, político colombiano

Pedro Gonzales Castro y

Rutilo Tomás Rea Becerra

Sumario: En esta tercera parte del ensayo La ciudad del agotamiento, se plantea una agenda estratégica para que el gremio docente en Jalisco incorpore la movilidad digna como un derecho laboral. La propuesta se sustenta en evidencia económica y neuropsicológica que demuestra que el transporte público deficiente constituye una forma de precarización estructural con efectos directos en la salud, el desempeño pedagógico y la calidad educativa.

Introducción: cuando el traslado también precariza

“Una ciudad avanzada no es aquella en la que incluso los pobres tienen auto, sino aquella en la que hasta los ricos utilizan el transporte público”, advirtió Enrique Peñalosa. En Jalisco, esta afirmación contrasta con una realidad donde el transporte público opera como un mecanismo silencioso de desgaste social, particularmente para el magisterio.

Esta Parte III, elaborada por Pedro Gonzales Castro y Rutilo Tomás Rea Becerra, propone una ruta de acción concreta para transformar la movilidad en un eje de justicia laboral y negociación colectiva, retomando los hallazgos económicos (Parte I) y neuropsicológicos (Parte II) que evidencian el carácter estructural de esta injusticia.

Justificación: el costo invisible del traslado docente

En promedio, una maestra o maestro en Jalisco destina hasta el 15 % de su salario al transporte público y enfrenta estrés crónico asociado a traslados largos, inseguros e impredecibles. Este desgaste no solo afecta la salud mental, sino que incide directamente en el desempeño pedagógico y en la calidad del proceso educativo.

Desde esta perspectiva, la movilidad no puede seguir tratándose como un asunto individual. Debe ser reconocida como un bien común y un componente esencial de la justicia laboral, susceptible de ser incorporado en contratos colectivos y políticas públicas.

Propuesta de puntos de acuerdo para el gremio docente

1. Reconocimiento de la movilidad como derecho laboral

• Incorporar en los contratos colectivos una cláusula que garantice condiciones de traslado seguras, asequibles y eficientes.
• Establecer que los tiempos excesivos de traslado sean considerados un factor de riesgo laboral, con implicaciones en evaluaciones y cargas de trabajo.

2. Creación de un Fondo de Movilidad Docente

• Gestionar con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación un fideicomiso específico para subsidiar el transporte de docentes que laboran en zonas periféricas.
• Priorizar a quienes destinan más del 10 % de su salario a movilidad, conforme a estándares internacionales (ONU, 2023).

3. Implementación de rutas escolares especializadas

• Diseñar corredores de transporte exclusivos para personal educativo, en coordinación con SETRAN y autoridades municipales.
• Garantizar conectividad directa entre zonas habitacionales y centros escolares, reduciendo tiempos muertos y desgaste físico.

4. Monitoreo y evaluación del estrés de traslado

• Incorporar indicadores de bienestar psicológico vinculados a la movilidad en las evaluaciones laborales.
• Establecer convenios con instituciones de salud para brindar atención preventiva a docentes afectados por estrés crónico.

5. Incidencia directa en políticas públicas

• Exigir la inclusión del gremio docente en los Consejos Metropolitanos de Movilidad.
• Impulsar reformas que prioricen el transporte masivo y público sobre el modelo oligárquico de concesiones, garantizando equidad territorial.

Conclusión: la soberanía docente empieza en la acera

La movilidad no puede seguir siendo un costo oculto que erosiona la economía, el tiempo y la salud del magisterio. Convertirla en un derecho laboral y en un eje de negociación sindical representa un paso necesario hacia la justicia estructural.

Estas medidas no solo beneficiarían al gremio docente, sino que impactarían positivamente en la calidad educativa y la cohesión social, al reconocer que el tiempo y la salud son bienes comunes que deben ser protegidos.

La soberanía docente no termina en la puerta del aula; comienza en la acera donde el profesor espera un transporte que hoy le roba tiempo, dinero y salud. Asumir una postura científica, colectiva y firme frente al sistema de transporte en Jalisco es ya una urgencia ética.

“Un docente con el sistema nervioso agotado por el asfalto no puede educar para la libertad”.

🎙️ COMENTARIO EDITORIAL

Referencias complementarias

• ONU. (2023). Informe sobre movilidad urbana y derechos laborales. Disponible en: https://www.un.org
• Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran). (2025). Informe de actualización del modelo Ruta-Empresa y fideicomisos de recaudo. Gobierno del Estado de Jalisco.
• INEGI. (2024). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH): Indicadores de movilidad y gasto en transporte. Disponible en: https://www.inegi.org.mx