Por Sergio Mejía Cano
En la conferencia matutina del jueves 29 de julio de 2021, se anunció que serán liberados los presos que no hayan recibido sentencia desde hace diez años o más, así como a los que hayan sido víctimas de tortura y mayores de 65 y 70 años de edad, todos primeramente del fuero federal y siempre y cuando no hayan cometido delitos graves o de sangre, otorgándoles a estos últimos el beneficio de la prisión domiciliaria. Y para el fuero común y de orden local, se hizo una atenta invitación a los estados del país, para que, si optan por esta medida, lo hagan también.
Desde luego, se enfatizó que para los presos mayores de 65 años, se atenderán primeramente a los que padezcan algún tipo de enfermedad degenerativa; y, obviamente, contemplando en todo momento lo que establece la Constitución Política, de que la justicia debe ser en todo momento, pronta y expedita, lo que por lo que se ha visto y comprobado, en México esta máxima deja mucho que desear, precisamente por los presos que tienen años sin sentencia y permanecen en calidad de prisión preventiva, algo que a todas luces va en contra de la ley en todos sus sentidos y aspectos.
Claro que también podrían salir todos aquellos reos que no obtuvieron el debido proceso tanto en su detención como en el seguimiento de su asunto. Y lo bueno es que se reconoció que muchas de estas personas que han permanecido injustamente varios años en prisión, en su mayoría son personas de escasos recursos que no cuentan con los medios económicos para pagar un abogado que los ayude a obtener su libertad.
Esto de la gente pobre que no tiene para pagar un abogado, en muchos casos son las más probables víctimas de abogados y leguleyos fraudulentos que exprimen a los familiares pidiéndoles determinada cantidad de dinero supuestamente dizque para aceitar la maquinaria para que su familiar salga libre lo más pronto posible; sin embargo, lo único que pasa es que hacen endrogar económicamente a los familiares y el preso sigue encerrado. Y si bien está la opción de los abogados de oficio, hay quien dice que muchos de estos, si no tienen o cuentan con palancas o padrinos y, desde luego, dinero, se les hace muy difícil abogar por sus defendidos, y en muchos de los casos desesperándose de tal manera, que mejor abandonan los casos o dejan pasar el tiempo esperando mejores momentos. Desde luego que hay sus claras excepciones; pero por lo regular, por desgracia para muchos detenidos, son cosas que suceden todos los días el que estén esperando un gramo de justicia y aclaración de los hechos que les imputan, porque se ha documentado y comprobado también, que tal y como se dice coloquialmente: ni son todos los que están ni están todos los que son, en cuanto a los que están en prisión.
Y en cuento a los presos quienes fueron, han sido y son víctimas de la tortura, pues si se llevara una revisión a fondo, se podría decir que prácticamente quedarían vacías las cárceles, ya que en nuestro país, la tortura ha sido un método tradicional que, a muchos elementos policíacos, de la corporación que sea, se les hace una cosa normal, una práctica que es común y de costumbre para muchos de ellos; por lo que se intuye, que cualquier elemento policíaco que practique la tortura cotidianamente, no es una persona óptima para ocupar un cargo de este tipo; sin embargo, al parecer son los que más se escogen o eligen; pues es muy sabido la existencia de quienes en el argot policíaco se les denomina como “madrinas” que, se dice, son personas que, sin formar parte todavía de la corporación, hacen méritos acompañando a otros elementos en operativos o detenciones de supuestos delincuentes, y si estas madrinas destacan por su crueldad y agresividad en contra de quienes caen en sus garras, son los que más llaman la atención para llegar a formar parte de determinada corporación policíaca.
Y vaya que podrían quedar vacías las penitenciarías del país por casos de tortura, porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló en esta conferencia mañanera, de que se aplicará el “Protocolo de Estambul”, que se dice, y la señora Sánchez Cordero confirmó, es altamente eficaz para comprobar si una persona fue víctima de tortura. Así que como para los policías mexicanos esto es una costumbre casi generalizada, saldrán a relucir infinidad de casos de tortura; pero lo mejor, fue lo que dijo el subsecretario para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas: que ahora sí se castigará a los torturadores y no quedarán siendo impunes.
Sea pues. Vale.
