Por Sergio Mejía Cano
En la pasada administración estatal, el Congreso de Nayarit reformó la ley de los burócratas, a la que algunos sectores de la sociedad dieron en llamar la “ley Polo”, por el entonces diputado presidente de dicho Congreso Estatal, Leopoldo Domínguez González, debido a que se rumoraba que él había sido el promotor de dicha ley. Y en la actual administración estatal, se aprobó la llamada “Ley de Justicia Laboral” que, los burócratas de a pie, señalaron enfáticamente que los perjudica.
Y, recientemente se anuncia, se dice que en boca del secretario General de Gobierno, Juan Antonio Echegaray Becerra, que se les quitarán varias prestaciones de las que algunas de ellas, según lo afirman algunos de los burócratas, son consideradas como conquistas laborales y no prebendas o chanchullos ganados por extorsión o por algo parecido. Y más recientemente, ha surgido lo que se está convirtiendo en pan de todos los días: el embate en contra de la dirigente sindical doña Águeda Galicia Jiménez, supuesta secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), debido al aseguramiento de varios inmuebles que se atribuyen como propiedad de esta dirigente sindical y, además, porque se rumora que es posible que haya una orden de aprehensión en su contra, supuestamente por enriquecimiento ilícito y, por si fuera poco, aunque no está confirmado del todo, por desviación de recursos. Y es aquí en donde se hace por demás extraño el rumor, porque que se sepa, los sindicatos no reciben financiamiento del erario, por lo que no se podría asegurar de bien a bien si doña Águeda Galicia haya tenido en sus manos dinero del presupuesto estatal y haberse aprovechado de este dinero.
De lo que sí se ha hablado durante todo el tiempo que ha durado como dirigente sindical, es de que su estatus de vida cambió radicalmente respecto a cuando aún no figuraba en las ligas mayores sindicales como dirigente. Y, desde siempre, ha sido acusada de, eso sí, agenciarse de las cuotas sindicales en su provecho y que de ahí se haya hecho de las propiedades que ahora se dice, le han sido aseguradas o se le asegurarán aún más.
Lo que perjudica en cierta medida a la señora Galicia Jiménez es que, en días pasados cuando se le acusó de que la mayoría de esos inmuebles adquiridos mediante las cuotas sindicales estaban escrituradas a su nombre; y, lo malo de esta cuestión, es que desde el primer momento la señora Águeda Galicia reconoció ante los medios informativos que sí, que estaban a su nombre; pero que en realidad pertenecían a la clase trabajadora. Así que, en cuanto los conocedores en temas de propiedad de inmuebles señalaron que, por el simple hecho de estar escriturados a nombre de la dirigente sindical, las propiedades legalmente eran de ella y no de los agremiados al SUTSEM, ya que en caso de que falleciera súbitamente, dichas propiedades así quedarían y pasarían a formar parte de la herencia para los familiares de la señora automáticamente. Por lo que de inmediato aclaró Galicia Jiménez que, al momento de escriturar alguien tenía que figurar en dichas escrituras, y quién más si no ella como dirigente sindical y, que un notario público había formulado una especie de usufructo para que, en caso de su desaparición física, de inmediato dichos inmuebles pasaran a ser propiedad del SUTSEM y sus agremiados en general.
