>> ¿Monsanto en la Sader? o ¿Mondemonio en el Mundo?
Por Jaime Arizmendi
Argonmexico/ Cáncer para todos… El Glifosato, usado en el agro para eliminar “malas yerbas”, prohibido como herbicida cancerígeno en más de 20 países: Francia, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Países Bajos, Austria, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza. Alemania lo cancela en 2023.
Cuando es de uso común para preparar el campo antes de la siembra, limpiar el terreno, y es muy utilizado a nivel mundial, genera millones de dólares por sus ventas, denuncia Beatriz Torres Beristain, de la Universidad Veracruzana.
Aunque ahora lo producen diversas compañías, en la década de los 70 y con la patente durante años lo comercializó Monsanto (de los más grandes consorcios agroquímicos a nivel mundial); hasta haber creado variedades genéticamente modificadas (GM) de maíz, soya y algodón resistentes a sus efectos. Aunque se aplica aún en pleno desarrollo del cultivo.
En su artículo denominado “Herbicida que Envenena”, la universitaria señala que en México algunos de sus nombres comerciales son Faena, Cacique, Trinchera, Herbifox, Látigo, Mochilero, Bombazo, Secafín, Torbellino, Potro y Aquamáster; para anotar que por años se consideró inocuo para la salud y el ambiente.
Sin embargo, resalta que el glifosato ha acumulado múltiples evidencias sobre los daños que genera a la salud de seres humanos y animales, por lo que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), lo clasificó en marzo de 2015 como genotóxico (daña al ADN).
Pese a que ese organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud basó su decisión en estudios científicos, su reclasificación causó una serie de ataques en contra de los responsables de los mismos, como para descalificar a la agencia internacional.
Monsanto puso en práctica diversas estrategias en su defensa: descalificaciones mediáticas y en redes sociales, marcaje personal contra esos investigadores, publicó artículos científicos pagados por la misma transnacional, y presionó para disminuir los fondos públicos destinados a los centros de investigación involucrados.
En tanto, frente a una demanda colectiva interpuesta en un tribunal federal de California (Estados Unidos), por afectados de linfoma no Hodgkin, quienes culparon de su padecimiento al glifosato; la justicia estadounidense difundió correspondencia interna del gigante de los agroquímicos: los “Monsanto Papers”.
Tales documentos de gran trascendencia, que revelan cómo la compañía habría promovido la generación de opinión positiva a favor de su producto, ocultó información; incluso bloqueó investigaciones relativas al herbicida y a su posible vinculación con enfermedades; la realidad los atrapó.
Al respecto, en septiembre de 2020 se reveló que al renunciar como secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el investigador y académico universitario Víctor Manuel Toledo Manzur adelantó que el gobierno de México prohibiría el maíz transgénico y el uso de 80 plaguicidas como el glifosato. Pero tal decisión ocurrió hasta febrero de 2023.
Para el 20 de septiembre de este 2023, se desveló que el glifosato ya enfrenta restricciones y hasta prohibiciones en varios países del mundo. Porque la sustancia activa del “Roundup” de Monsanto, en 2015 resultó clasificado como “carcinógeno probable” por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Hacia el 13 de noviembre de 2022, el diario la Jornada ya había publicado que el proyecto de dictamen para reducir y prohibir de manera gradual el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en revisión en el Senado de la República, enfrentó dos posturas encontradas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Mientras el titular de la dependencia, Víctor Manuel Villalobos, se manifestó en contra, al advertir que “las alternativas al glifosato son muy limitadas, menos eficientes y más costosas”, y que su prohibición inmediata pondría en riesgo la producción de básicos; la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que encabeza Víctor Suárez Carrera, echó abajo esos argumentos y denunció las presiones de las trasnacionales para frenar esa reforma.
Cuando los opositores a la reforma a la Ley de Salud son grandes empresas globales de plaguicidas, como Syngenta, Bayer Monsanto, BASF y Corteva, con 62 por ciento del mercado mundial de plaguicidas, y ventas anuales por 800 mil millones de pesos; “tienen poder económico y de cabildeo, y sus intereses están representados sólo por los grandes productores”.
La abogada general de la Sader, Rosa Chávez Aguilar (exasesora de la diputación panista federal, posiblemente coludida con Monsanto), alertó a los legisladores que restringir el uso del glifosato, afectaría los costos de producción de cultivos básicos como maíz y frijol, y se pondría en riesgo la seguridad alimentaria.
Les argumentó que se requieren opciones viables y rentables, porque los bioinsumos son menos eficientes en rendimientos y más costosos, lo cual repercutiría en los precios de los productos. Villalobos propuso que “antes de cancelar el uso del glifosato, se presente un estudio que sustente técnica y científicamente que afecta la salud y el medio ambiente”.
El subsecretario Suárez Carrera adujo que la aprobación de la iniciativa no compromete la producción de alimentos. Para subrayar que con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 31 de diciembre de 2020, las importaciones de glifosato bajaron de más de 7 mil 998 toneladas en 2021 a cero en 2022 y la producción agrícola se incrementó.
La producción de maíz y cítricos, cultivos con mayor uso de glifosato, se elevó en el periodo 2020-2021 y la balanza comercial agropecuaria refleja un saldo positivo de 5 mil 141 millones de dólares de enero a julio de 2022.
Igualmente –resalta–, se trabaja en alternativas para producir alimentos sin usar plaguicidas altamente peligrosos (PAP), a través de la agricultura orgánica y la producción en transición agroecológica. Hay ya 600 mil productores que optaron por prácticas sustentables.
El proyecto de dictamen de la iniciativa de la senadora Ana Lilia Rivera (hoy presidenta de la Mesa Directiva), fortalece el marco jurídico que tutela los derechos humanos y las garantías individuales previstas en la Constitución, inherentes a un medio sano y una alimentación adecuada frente a los riesgos contaminantes orgánicos persistentes.
Pero no sólo eso, sino que constituye una gran oportunidad que tienen los legisladores federales para separar la política pública de los intereses económicos en beneficio del interés superior de la población, concluye el oficio del subsecretario Suárez Carrera.
Al respecto, la senadora Margarita Valdez precisó que con quien mantienen diálogo permanente es con esa subsecretaría, instancia encargada de la ejecución del decreto, pero incorporaron al dictamen la petición del secretario Villalobos de no cerrar por completo el plazo de prohibición del glifosato en enero de 2024. O, ¿El que paga manda?…
