PRIORIZAN INTERESES POLÍTICOS EN LA PANDEMIA, ANTES QUE LA VIDA DE LAS PERSONAS

>> Secta de gobernadores >> Elefantes blancos mientras el pueblo llora sus muertos

Por Graciela Machuca Martínez

Una crisis sanitaria nacional como la que enfrenta México ante la pandemia de COVID-19, con sus consecuencias sociales, económicas y políticas requiere de una clase gobernante que esté convencida que su labor es vigilar por los intereses de la sociedad, porque es ésta la que paga sus servicios, las personas que se dedican a la política y viven de la administración pública tienen un mandato: vigilar por los derechos del pueblo.

Desafortunadamente, la clase política del país no ha estado a la altura de la contingencia, desde los tres niveles de gobierno no se priorizan las necesidades del pueblo, no se cuidan las vidas humanas, la salud pública no es prioridad si no trae consigo una ganancia electoral y económica.

El subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, al reconocer el viernes 10 de julio que la situación sanitaria del país es preocupante, dijo algo que es motivo de reflexión nacional. Dijo que no es tiempo de reclamos, sino de trabajo conjunto de la sociedad y gobierno.

De la segunda premisa estoy de acuerdo, pero no de la primera, porque quienes están a cargo de la contingencia sanitaria desde diversos puestos y niveles de la administración pública tienen la obligación de hacer bien las cosas y si sus estrategias no están dando resultados no es culpa exclusiva del pueblo, sino de quienes diseñaron esas estrategias, y que fueron encargadas a personas que no conocían al pueblo de México, son ajenos al comportamiento social y por ende elaboraron estrategias para otro país, más no para México.

Desde luego que es tiempo de reclamar porque no se están haciendo bien las cosas, primero porque quienes trabajan en la administración pública federal, estatal y municipal se contrataron para hacer bien las cosas y no para que el pueblo acepte “lo que se pueda hacer” y mucho menos para que se les aplauda, segundo, porque no podemos permitir que la mortandad continúe cuando ya se tienen avances significativos en la atención de la COVID-19 con base en la experiencia de otros países.

Como ciudadanía tenemos todo el derecho de reclamar por los pésimos resultados que se están teniendo porque tenemos derecho a la libertad de expresión, el derecho a disentir, el derecho a la salud y porque somos personas con pensamiento crítico, es imposible que nos quedemos calladas, simplemente porque los políticos se encuentran estresados por sus resultados y eso los pone nerviosos y les sensibiliza la piel.

Cuando una persona servidora pública rinde la protesta de ley se compromete a respetar el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las de sus respectivas entidades federativas si así es el caso, pero además, con voz solemne advierten, que si no lo hacen así, que el pueblo se los demande.

El pueblo de México no puede esperarse a que pase la pandemia, a que venga un nuevo gobierno, a que las defunciones se cuenten por cientos de miles, para poder reclamar, es el momento de alzar la voz y pedir que toda acción de gobierno, tanto relacionada con la pandemia, como con los demás asuntos de interés públicos se realicen bajo los principios de publicidad máxima, transparencia y rendición de cuentas.

Dichos principios no están a discusión, se encuentran regulados en la Constitución Federal y por lo tanto, se deben acatar, sencillamente porque no estamos en el estado de excepción que establece el Artículo 29 constitucional, a pesar que de hecho las cúpulas militares y policiales están trabajando bajo ese criterio.

Hablemos de la etapa previa a la fecha cuando se decretó la emergencia sanitaria nacional para contener la pandemia, para administrarla y evitar que su propagación colapsara la deficiente infraestructura sanitaria. En esos momentos, quienes gobiernan ¿sabían que en sus manos estaban las vidas de la población, así como su patrimonio y el futuro económico del país?.

Al parecer no. Los resultados nos dan la respuesta, porque diseñaron estrategias para proteger a otra sociedad, más no a la mexicana. Ahora, ya tenemos daños irreversibles en la economía, así como más de 30 mil vidas perdidas, decenas de miles de contagiados y una sociedad que vive en la zozobra, en la incertidumbre, en las puertas de una epidemia de salud mental y económica.

El gobierno federal se erigió como la autoridad sanitaria omnipotente, olvidándose que se trataba de una contingencia nacional y que el Consejo Nacional de Salubridad tenía que ser ampliado con autoridades estatales y municipales, además, que esa figura colegiada tenía que bajarse a los estados y los municipios, con representantes de los tres niveles. Ahora que el control de la epidemia se le salió de control, el vocero del gobierno federal para la pandemia, empezó a repartir culpas.

En medio de la gravedad de la contingencia sanitaria, la clase política se dispuso a sacar ganancias, un grupo de gobernadores armaron su secta, unidos por su afinidad ideológica o política, otros se plegaron a las disposiciones federales, sin capacidad de crítica, sin cuestionar lo que era adverso a los requerimientos de sus estados, lo que les importó fue quedar bien con el presidente.

Pero esas decisiones personales de los gobernadores y las gobernadoras también, les trajo la responsabilidad sobre la vida de miles de personas. Con estas decisiones muchos proyectos políticos ya están sepultados a costa del dolor humano, pero también se han utilizado recursos del erario sin respetar la normatividad con el consecuente deterioro para las haciendas pública federal, estatales y municipales.

Mientras los gobiernos buscaban imponer sus agendas y sus formas para controlar la pandemia se les olvidó que estaban ante una contingencia sanitaria de protección civil y que para ello, México tiene probada experiencia para la integración de órganos colegiados interinstitucionales e interdisciplinarios, como los que se conforman ante desastres naturales por huracanes, pero quisieron vender sus mejores ideas y fallaron, una vez más.

Se trata de un plan integral en el que se involucraran los tres niveles de gobierno, con capacidad para orientar a la sociedad y capacitar en el camino a personas servidoras públicas, a comunicadores, no para someter, amenazar y coartar su libertad de expresión, como se quiere hacer en todo momento, sino para acercarles herramientas técnicas especializadas en la cobertura de una pandemia que les permitiera informar con profesionalismo ético, así por ejemplo, el quehacer periodístico cumpliera su función social y la comunicación institucional se dedica a difundir con eficiencia las acciones y medidas preventivas que la sociedad debe conocer y evitar saturar a las audiencias con monólogos gubernamentales que hablan de realidades ficticias, mas no de las mexicanas.

A ese consejo interinstitucional también debieron ser llamados representantes del sector privado para que se comprometieran de manera institucional a trabajar con el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, para no permitir desgastar la autoridad de los gobernadores, que tuvieron que estar pidiendo favores a los empresarios para que no despidieran a trabajadores, lo que tarde o temprano sucedió, porque desde el gobierno federal no se diseñaron las políticas para salvaguardar el empleo.

Ahora, el desempleo es una realidad y los gobernadores tienen el compromiso con la iniciativa privada que, en muchos casos, en la primera etapa de la contingencia, cumplieron no despidiendo al personal.

Todo México está perdiendo, pero es indudable que economías como la de Quintana Roo, a pesar de sus fortalezas por el trabajo realizado por gobiernos e iniciativa privada nacional y extrajera, ha empezado sufrir los estragos de la pandemia, la vida, la salud, el patrimonio, de cientos en el primer caso, y de miles en los dos últimos se han perdido y la incertidumbre crece cada día más.

Los esfuerzos que realiza el gobernador Carlos Joaquín para mantener flote la nave se ven reflejados en las acciones que su gobierno ha realizado desde que se tuvo conocimiento del primer caso de COVID-19 en la entidad, pero esa misma disposición no se ve en muchos de sus colaboradores o en sus aliados que operan en municipios como Felipe Carrillo Puerto, donde la pandemia se salió de control por falta de voluntad política y capacidad técnica de la autoridad municipal.

Quien está al frete de los Servicios de Salud en Quintana Roo puede tener muchas capacidades y aptitudes, pero carece de las necesarias para la administración pública, más aún en una etapa de crisis, cuando hay que demostrar de lo que uno está hecho. Y ahí solo la experiencia seguida del conocimiento es la que ayudaría.

Las cifras que ofrecen esta semana las autoridades sanitarias de la entidad revelan que tendrán que contagiarse varios miles de personas más y otros cientos morirán, antes de que la pandemia baje su intensidad, mientras tanto tendrá que seguir habilitándose espacios públicos como hospitales. Los elefantes blancos que se construyeron para los Planetarios y/o observatorios, auditorios caros, salas de zumba…..sobre todo el de Chetumal es lugar apropiado para que el pueblo de Quintana Roo tenga un beneficio y los enfermos y enfermeras familiares de pacientes no se encuentren en las afueras de los hospitales esperando atención, como sucede actualmente en Chetumal, ya se hizo con Los pinos, el Hipódromo de los Hermanos Rodríguez, mientras la sociedad Chetumaleña observa como disfrutan de miles de millones de pesos en este tipo de proyectos tan solo para representar a gente con cuestionada moral política ya probada vergonzosamente.