Diputada Andrea Navarro impulsa reforma para fortalecer cultura organizacional de pueblos indígenas y afromexicanos -

Sumario: Con respaldo unánime en la Cámara de Diputados, la iniciativa promovida por la legisladora federal avanza al Senado y busca reconocer e integrar los modelos organizativos de comunidades originarias en las sociedades cooperativas.

Por Manuel Rueda

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —con 442 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones— una reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas para fomentar la cultura organizacional de los pueblos indígenas y afromexicanos, respetando en todo momento sus usos y costumbres.

El dictamen, impulsado por la diputada federal Andrea Navarro Pérez, adiciona un artículo 29 Bis a dicha ley y fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Una reforma con enfoque intercultural y de justicia social

La iniciativa se alinea con el Eje Transversal 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, enfocado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, al incorporar un enfoque intercultural dentro del marco legal de las cooperativas.

El objetivo es que el Estado mexicano reconozca e integre principios como la libre determinación, la autonomía y la participación efectiva de estas comunidades en las políticas públicas, particularmente en el ámbito económico.

Además, la reforma plantea una transformación estructural de las normativas para evitar la asimilación forzada y promover condiciones reales de justicia social, respetando las formas tradicionales de organización comunitaria.

Reconocimiento a modelos comunitarios históricamente marginados

Durante su intervención en tribuna —la cual podrás acompañar con el video—, la diputada Andrea Navarro Pérez destacó que las comunidades indígenas y afromexicanas son portadoras de una tradición milenaria basada en la cooperación, la reciprocidad y la gestión colectiva del territorio.

Subrayó que prácticas como el gobierno comunal, las asambleas y la economía solidaria representan expresiones vivas de una cultura organizacional que, durante décadas, fue desplazada por modelos económicos centralistas.

“La cultura organizacional de los pueblos originarios es legítima, valiosa y debe ser protegida e impulsada por el Estado mexicano”, afirmó la legisladora.

En ese sentido, calificó la aprobación del dictamen como un acto de reconocimiento y reparación histórica.

Acceso directo a recursos: un cambio de fondo

Uno de los puntos más relevantes señalados por la diputada es que, por primera vez en la historia del país, las comunidades indígenas y afromexicanas podrán recibir y ejercer recursos federales de manera directa, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Este cambio implica que las comunidades dejan de ser únicamente receptoras de políticas diseñadas desde el centro, para convertirse en actores activos de su propio desarrollo.

“La eliminación de intermediarios no es un detalle administrativo, sino el reconocimiento pleno de su capacidad de gestión y autonomía”, enfatizó.

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