Cuando la policía entra a la contienda, la democracia sale perdiendo
🖋️Por Manuel Rueda Ramírez | Director General de Tu Revista Perfiles
La política tiene reglas no escritas que cualquier demócrata entiende. Una de las más importantes es que las instituciones públicas nunca deben convertirse en herramientas para favorecer o perjudicar a quienes participan en una competencia política. Cuando eso ocurre, deja de hablarse de diferencias ideológicas y comienza a hablarse del uso del poder.
La denuncia hecha por Geraldine Ponce, en la que afirma que cuatro brigadistas de su equipo fueron detenidos por policías municipales mientras realizaban labores de perifoneo para convocar a una asamblea de Morena sobre la defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, merece toda la atención pública. Más aún cuando, según la propia versión difundida por la alcaldesa, un elemento policiaco reconoce que no existía delito alguno que justificara la detención.
Si los hechos ocurrieron exactamente como fueron narrados, la pregunta es inevitable: ¿por qué detener a ciudadanos que realizaban una actividad política pacífica?
El contexto hace todavía más delicado el asunto. Bahía de Banderas es gobernado por Héctor Santana, actualmente con licencia para participar en el mismo proceso interno de Morena que también recorre Geraldine Ponce. Ambos buscan coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, una ruta política que eventualmente conducirá a la definición de la candidatura al Gobierno del Estado en 2027.
Precisamente por ello, cualquier actuación de la policía municipal contra brigadistas de uno de los aspirantes deja de ser un simple incidente administrativo y se convierte en un asunto político de enorme relevancia. La percepción de imparcialidad institucional es tan importante como la imparcialidad misma.
No corresponde a un medio condenar sin investigación ni dictar sentencias anticipadas. Pero sí corresponde señalar que cuando aparecen detenciones sin delito aparente, retenciones de vehículos o actos de intimidación denunciados de manera reiterada durante actividades políticas, la autoridad tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia qué ocurrió y bajo qué fundamento legal actuaron sus elementos.
Porque en democracia también importa la apariencia de neutralidad.
Resulta preocupante que, en lugar de debatir proyectos, propuestas o resultados de gobierno, comiencen a aparecer episodios que transmiten la impresión de que algunos actores políticos prefieren disputar la simpatía ciudadana desde la presión institucional y no desde el convencimiento.
Si alguien necesita que intervenga la fuerza pública para incomodar a quienes piensan distinto o participan en el mismo movimiento político, el mensaje que envía no es de fortaleza. Es de preocupación. Es de nerviosismo. Y, sobre todo, de miedo a competir únicamente con el respaldo de la ciudadanía.
La guerra sucia no siempre se presenta mediante campañas de difamación. A veces adopta formas más sutiles: obstáculos administrativos, intimidaciones, revisiones selectivas o actuaciones policiales que, aun sin consecuencias penales, envían un mensaje de advertencia a quienes participan en actividades políticas.
Morena nació denunciando precisamente ese tipo de prácticas. Sería una enorme contradicción que hoy comenzaran a normalizarse entre quienes forman parte del mismo movimiento.
Nayarit necesita una contienda interna de altura, donde cada aspirante recorra el estado, presente sus ideas y sea la militancia y el pueblo quienes decidan. No policías municipales. No patrullas. No uniformes.
Porque cuando la autoridad parece tomar partido, pierde la confianza ciudadana. Y cuando la política se mezcla con el uso de las instituciones de seguridad, todos pierden.
Las campañas pasan. Los gobiernos cambian. Pero el daño que deja la utilización política de las instituciones suele permanecer mucho más tiempo.
ASÍ LOS HECHOS…
