RECTORES Y PARLAMENTARIOS ANALIZAN INICIATIVA DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

>> ANUIES, señala que uno de los objetivos es resolver el problema presupuestal de las universidades, pero aún falta precisar de qué manera se logrará el financiamiento.

Staff Revista Perfiles

Legisladores, rectores, catedráticos, especialistas e investigadores, analizaron la iniciativa que expide la Ley de Educación Superior y debatieron temas referentes al financiamiento, transparencia, autonomía universitaria, estabilidad laboral, entre otros.

Durante el foro “Construyendo la nueva legislación para la Educación Superior”, los actores involucrados en el tema expresaron sus opiniones sobre la propuesta que busca garantizar a la población su derecho de acceder a este nivel educativo.

El presidente de la Comisión de Educación, el senador Rubén Rocha Moya, aseguró que estos diálogos buscan recoger los puntos de vista de todos los interesados para incluirlas y perfeccionar la legislación.

Dijo que no debe haber ningún interés de partido o ideológico en la creación de este ordenamiento. “El único fin que nos debe interesar, es que se garantice el ejercicio pleno del derecho a la educación superior de las y los mexicanos”, manifestó.

El legislador precisó que existen universidades con severas dificultades económicas para seguir adelante, por ello, la legislación busca resolver el problema presupuestal, el cual “viene por incomprensión de gobiernos anteriores, mala planeación o decisiones internas inadecuadas”.

Es fundamental trazar una estrategia que nos permita resolver el tema del financiamiento de fondo y que sirva de base para el futuro, de lo que se trata, argumentó, es garantizar este derecho humano a toda la población.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, señaló que este tema no se debe administrar de manera política, sino técnica, académica y comprometida con la educación, para ello es saludable el diseño de presupuestos multianuales que les permita a las casas de estudio hacer un programa multianual educativo.

Desde el Congreso se debe aportar una visión plural que garantice que los poderes públicos tomen las mejores decisiones en beneficio de la sociedad. “Sin duda, la tarea educativa es la más trascendente de todas a las que se pueda dedicar una persona”, acotó.

El senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, destacó que en las universidades existe un problema de subcontratación de profesores, el cual no debe ser desatendido y considerarse para la estabilidad de las instituciones de educación superior. “La base de la enseñanza se encuentra en los maestros y deben tener las condiciones adecuadas para su desempeño”.

La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, indicó que esta ley es “técnicamente sólida”, y representa un producto de mesas de trabajo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como las universidades y sociedad civil.

La universalidad, gratuidad, obligatoriedad, sólo se van a cristalizar en la medida que tengan un acompañamiento y sostenibilidad presupuestal que hasta el momento no se visibiliza en el presupuesto para 2021, apuntó.

En tanto, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, destacó el consenso que se tiene para la elaboración de esta reforma, pero señalo que se debe cuidar la distribución y homologación de competencias, así como revisar la propuesta de avaluación, crear un Fondo Federal Espacial e incorporar los sistemas de participación social.

Por su parte, Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reconoció el esfuerzo de los legisladores por este nuevo marco normativo que tiene la visión de fortalecer los procesos de evaluación, la autonomía y educación superior del país.

Recomendó depurar la redacción de la iniciativa para ser más precisa, así como revisar la extensión de algunos artículos, a fin de evitar que algunos temas se reiteren, como el de becas y servicio social, dado ya están regulados en otras normatividades y podría limitarse su ejecución.

Valls Esponda resaltó que falta precisar de qué manera se logrará el financiamiento y en qué periodo, las instituciones de educación superior requieren saber esta información con certeza.

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, afirmó que el financiamiento debe ser considerado como una de las prioridades del Estado, para asegurar que se cumpla cabalmente el derecho de las personas para contar con educación superior, “y ello bajo un ejercicio transparente y responsable”.

Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exhortó a los legisladores a aclarar que la gratuidad se establecerá de manera gradual y entrará en vigor hasta 2022, para que la comunidad universitaria conozca cuál será el proceso de su implementación.

El rector de la universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, reconoció la necesidad de contar con estructura para la educación a distancia, capacitación e inventario suficiente para atender a la demanda de tecnológica para su impartición, así como ajustar el presupuesto plurianual y plantear bolsas extraordinarias reglamentadas para poder obtener un monto adicional para sus ejercicios educativos.