>> Desafortunada adominición del gobernante; inviable modificar un tipo penal… Así no funciona.
Por Luis Ignacio Palacios
Con un enorme voluntarismo y careciendo de los elementales conocimientos del derecho penal y del nuevo sistema de justicia de corte acusatorio, el gobernador del Estado, Toño Echevarría García luego de conocerse la trágica consecuencia de un accidente vial, en su muro del FB lanza esta singular admonición:
“¡No podemos permitir que se sigan perdiendo vidas inocentes!
Quiero informar que en breve enviaré al H. Congreso del Estado, una iniciativa de Cero Tolerancia al Alcohol tras el Volante, que busca sancionar con prisión, multa económica y trabajo comunitario, a quienes sean detectados conduciendo un vehículo con cualquier graduación de alcohol en su organismo. CERO TOLERANCIA SIGNFICA CERO, ni una gota de alcohol. Ni amigos, ni parientes, ni colaboradores quedarán exentos de esta medida, el bien de las familias nayaritas es nuestra prioridad.”
El impacto mediático cumplió medianamente su función, dado que el FB es un escaparate de divos, divas, quimeras y, sobre todo un verdadero salón de impunidades, de hacer bulling; empero pese al medio, se conoce el mensaje ante la carencia de una verdadera política de comunicación social, que pervive en su modelo cicatero y discriminador; de ahí la evidente desvinculación del discurrir gubernamental con la sociedad.
Y el mensaje, pues es un ejemplo del voluntarismo que el gobernador le impone a sus arrebatos, carece de la información adecuada para discernir adecuadamente sobre la emergencia de un problema –no le llamemos tópico de derecho penal- de esta naturaleza; entre su núcleo de incondicionales, lambiscones y damos de compañía, algunos dicen que son licenciados en derecho, porque azás puedan acreditar el título, empero, son de una ignorancia descomunal que no puede decirse que son Abogados, conocedores del derecho.
El nuevo sistema penal, tiene un sustrato de filosofía jurídica que se llama garantismo, es decir que su objetivo no es punitivo, sino todo lo contrario, restaurador; en este contexto, no puede tipificarse un delito con la descomunal penalidad que le quiere imponer el gobernante; se trata de hechos que pueden ser considerados como ilícitos de tipo culposo, con algunas eximentes de responsabilidad y que, desde luego no ameritan conforme al marco constitucional una prisión preventiva oficiosa, y muy difícil de conseguir una justificada.
Por el lado chocarrero de la nota, nos enteramos varias expresiones, quienes le conocen y saben de lo cotidiano de su existencia, nada más alzaron la cejas, y señalaron que “el señor gobernador siempre trae chofer…, escapa al alcoholímetro..!” y a nadie nos debe de extrañar las infidencias de sus dizque amigos íntimos, son unas magdalenas y buchicrudos, que para darse importancia, se toman selfies cuando el gobernante se echa sus tequilas o sus Torres 20.
Y otros aún más sinvergüenzas, se ponen a contestar sus celulares o a mandar mensajes en su nombre.
El alcoholismo es un problema de salud pública, y pretender rigidizar un tipo penal para hacerlo un instrumento de disuasión para que el que ande chupando no maneje; es un sueño guajiro. Es desconocer los efectos jurídicos del delito, y, sobre todo, no conocer en absoluto el contenido teleológico del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio.
Y es lógico, no ha existido de parte del Estado un programa integral de socialización del NSJP, desde que se implementó, la SETEC mandó a las entidades dinero suficiente para hacer lo conducente; solo que en Nayarit, los cuatro millones y cientos de miles de pesos que se les enviaron, se perdieron en el gobierno de Roberto Sandoval y el coordinador de la comisión inter institucional para la implementación del NSJP en Nayarit, el ahora magistrado Miguel Ahumada, nunca se ha dignado a informar al respecto.
Conociendo el voluntarismo del gobernador de nayarilandia, es muy difícil esperar que pueda ser sujeto de una educación compensatoria en esta materia tan vital en todo gobernante, digo, sobre todo para evitar que se evidencie de manera tan pueril su desconocimiento del tema.
Siendo licenciado en contaduría pública, desde luego que no está obligado a saber derecho penal; empero, carece de política interior para que en momentos de crisis mediáticas le pasen las necesarias tarjetas informativas, y le eviten incidir en desfiguros…
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