abril 22, 2024

Por Sergio Mejía Cano

Como reguero de pólvora corrió la voz tanto en medios informativos como en redes sociales la aprehensión del fiscal General del Estado de Morelos, acusado de obstrucción y falta de procuración de la justicia, en el caso de una mujer; sin embargo, al estarle escarbando en las investigaciones al parecer se le están descubriendo más anomalías en cuanto a su gestión como el cambio de dictámenes en investigaciones de violación a menores de edad, así como espionaje telefónico.

Desde luego que, tomando la prudencia en este caso dichas acusaciones al parecer están bien sustentadas; pero el dictamen final lo tendrán que dar las autoridades. Pero habrá que esperar para poder emitir un juicio ciudadano y no especular al respecto, pues ahora algunos de los allegados a este fiscal hoy detenido se pronuncian en que todo obedece a un acto político y no de justicia, tal y como lo afirmó la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El problema en caso de comprobársele a este fiscal todas esas acusaciones, la pregunta sería en manos de quien estamos los mexicanos, pues constantemente se dice que varios de los fiscales no actúan como debe de ser en cuestión de procuración y administración de la justicia, pues ya son varios fiscales y exfiscales a quienes se les ha acusado de malos actos como por ejemplo está el exfiscal del estado de Nayarit, Edgar Veytia, hoy preso en los Estados Unidos; y al fiscal del estado de Guanajuato se le señala por el incremento de la criminalidad en dicha entidad y no resolver muchos de estos casos. Incluso, de vez en cuando se ha señalado a otros fiscales de varias entidades de proteger intereses particulares al no resolver casos de despojos de terrenos o proteger a personajes pudientes tanto de la política como empresarial.

El periodista y escritor Francisco Cruz Jiménez ha dicho y documentado que la justicia en nuestro país ha estado administrada por delincuentes, y da como ejemplo el caso de quien fungiera como jefe del Departamento y Tránsito del entonces Distrito Federal en el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), Arturo (el negro) Durazo Moreno, a quien señala como un vil delincuente y que autoridades de los Estados Unidos se lo hicieron saber a López Portillo quien al parecer no hizo caso de estas acusaciones manteniéndolo en el cargo y hasta nombrándolo “general”, sin importarle el disgusto que esto causó entre algunos militares.

Pero para no ir tan lejos he ahí el caso de Genaro García Luna, de quien se dice fue el brazo derecho del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), siendo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y que hoy está preso también en los Estados Unidos; así que vuelve otra vez la pregunta: ¿en manos de quién o quiénes se da la administración de la justicia en nuestro país?

Volviendo al caso del fiscal del estado de Morelos, se ha estado informando a través de los medios y redes sociales que sus abogados están alegando fallas en el debido proceso de su detención y además, por contar con “fuero constitucional”; y se entrecomilla esta frase porque se ha documentado históricamente que el fuero constitucional se creó única y exclusivamente para los legisladores para no ser reconvenidos por lo que digan y hagan “en tribuna”; todo esto debido a que no volviera a pasar lo que le ocurrió al senador chiapaneco, Belisario Domínguez, de quien se dice fue mandado asesinar por el dictador Victoriano Huerta para que ya lo siguiera acusando el senados al dictador de haber mandado asesinar al presidente Francisco I. Madero, así como a su hermano Gustado Adolfo y al entonces vicepresidente José María Pino Suárez.

Por eso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917 se estableció el fuero político; pero para senadores y diputados. Sin embargo, he aquí el meollo del asunto, pues ahora el fuero se ha extendido a la mayoría, si no es que a todos los funcionarios y políticos que ocupen un cargo como servidores públicos. Un fuero que muchos de quienes lo ostentan creen que es una carta de impunidad y que por este fuero pueden hacer y deshacer a su antojo lo que quieran, como en este caso que nos ocupa en que cambian resoluciones forenses o dictámenes en juicios y, además, proteger intereses particulares dejando la justicia de lado.

El fuero constitucional se debería suspender en cuanto legisladores y funcionarios pisen la calle, pues no deben estar por encima de la demás ciudadanía.

Sea pues. Vale.

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