De salario mínimo a UMA: el ajuste silencioso que impacta a los jubilados en México
Sumario: El uso de la UMA en lugar del salario mínimo para calcular el monto exento del ISR en pensiones reabre el debate sobre legalidad, equidad fiscal y afectaciones económicas a millones de jubilados.
Por Dr. Abel Ortiz Prado
Un cambio discreto con impacto real en las pensiones
En el marco de los plazos para la presentación de la Declaración Anual 2026 para personas físicas en México, se revive el debate sobre el tratamiento fiscal de las pensiones y jubilaciones, girando en torno a una preocupación legítima: la aparente sustitución del Salario Mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para determinar el monto exento del Impuesto sobre la Renta.
Si bien la Ley del ISR —Artículo 93, fracción IV— establece con claridad que las pensiones estarán exentas hasta el equivalente de quince veces el salario mínimo general, en la práctica administrativa el Servicio de Administración Tributaria ha venido utilizando la UMA, lo que reduce significativamente dicho umbral.
Esta diferencia no es menor: implica, en términos reales, una disminución sustancial del beneficio fiscal para millones de jubilados, destacando que la UMA fue creada para cuantificar obligaciones, no para modificar el supuesto jurídico del ingreso exento.
Legalidad tributaria en entredicho
Desde una perspectiva jurídica, esta práctica plantea cuestionamientos relevantes. El principio de legalidad tributaria exige que las contribuciones se determinen conforme a lo expresamente previsto en la ley, sin margen para interpretaciones que alteren su contenido sustantivo.
En materia tributaria rige el principio de Reserva de Ley y Aplicación Estricta, lo que implica que cualquier modificación de fondo debe emanar del Poder Legislativo.
La UMA, creada en 2016 para desvincular al salario mínimo de funciones ajenas a su naturaleza laboral, opera como una unidad de cuenta para cuantificar obligaciones, pero no sustituye automáticamente conceptos legales preexistentes.
En este sentido, reemplazar el salario mínimo por la UMA en el cálculo del límite exento de las pensiones no constituye una simple actualización técnica, sino una modificación material del régimen fiscal, que debería ser definida y aprobada por el legislador, al ser ésta una atribución exclusiva e indelegable.
La contradicción en el tratamiento de las pensiones
Más aún, el análisis se profundiza cuando se examina la naturaleza de las pensiones. El artículo 94 de la Ley del ISR las considera como ingreso por salario, a pesar de que la relación laboral ya se haya extinguido y el ingreso provenga de un derecho adquirido.
En el caso de los jubilados del Estado de Nayarit, las pensiones se pagan con cargo a un Fondo de Pensiones financiado, en parte, con aportaciones previamente gravadas con ISR del propio trabajador y, en otra, con transferencias públicas que no forman parte del capítulo de servicios personales.
Estas transferencias provienen de Subsidios y Ayudas Sociales que, de acuerdo con los párrafos IV y V del artículo 90 de la Ley del ISR, están exentas del pago de impuesto.
Una interrogante de fondo para el sistema fiscal
Surge entonces una interrogante de fondo:
¿Es consistente que el Estado trate presupuestariamente a las pensiones como transferencias sociales, pero fiscalmente como ingresos gravables equiparables al salario?
Resolver esta tensión no solo es un reto técnico, sino una oportunidad para fortalecer la equidad y coherencia del sistema tributario mexicano.
Si el Estado trata las aportaciones al Fondo de Pensiones como transferencias sociales, ¿por qué el fisco las trata como ingreso gravable laboral?
Dr. Abel Ortiz Prado
aborpra@hotmail.com
Académico, consultor en finanzas, gobierno, administración pública y asociaciones público-privadas.
En Tu Revista Perfiles, respetamos absolutamente la voz del autor.
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