Donde el Estado se ausenta, gobierna el desorden
Sumario: Cuando el presupuesto se retrae, se diluye la justicia y la violencia que germina en el vacío institucional
Por Dr. Abel Ortiz Prado / Académico
La violencia criminal no surge en el vacío: prospera donde el Estado se ausenta.
Los recientes asesinatos de figuras locales —como el del alcalde de Uruapan y el líder limonero michoacano— exhiben un patrón de ingobernabilidad territorial y erosión del Estado de Derecho.
A pesar de la retórica oficial que coloca la seguridad como prioridad nacional, los recursos públicos cuentan otra historia. México destinará en 2026 apenas el 0.86% del PIB a seguridad y justicia, nivel equiparable al de países de baja incidencia delictiva como Noruega, pero muy por debajo de otras naciones latinoamericanas comparables. Es el nivel más bajo en una década.
Esta brecha entre discurso y presupuesto revela una peligrosa desarticulación institucional que deja a municipios y fiscalías sin capacidades reales frente a las organizaciones delictivas.
Como advierte el estudio “Estado de derecho 2026: en números rojos” de México Evalúa, la seguridad y la procuración de justicia han dejado de ser prioridades explícitas en el gasto público. El presupuesto se ha reorientado hacia compromisos sociales y financieros de alta inercia, mientras la función de seguridad pública se militariza.
De los 408 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento del Estado de Derecho en 2026, más del 58% se concentrará en instancias militares, dejando a las civiles con apenas el 42%. Paradójicamente, mientras los recursos castrenses crecen por reasignaciones administrativas —como la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA—, tribunales, fiscalías locales y entidades federativas enfrentan recortes severos que debilitan la capacidad civil del Estado mexicano.
Municipios: el primer frente, el más débil
El municipio debería ser el primer frente contra la violencia, pero en México es el eslabón más débil del federalismo y la última prioridad presupuestal.
La falta de autonomía fiscal, la dependencia de transferencias y la fragilidad operativa lo convierten en rehén del crimen y de la política centralista.
Entre 2008 y 2015, los municipios recibieron recursos para profesionalización, equipamiento y prevención del delito mediante el SUBSEMUN, creado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Posteriormente, fue sustituido por el FORTASEG, con objetivos similares pero nuevos criterios de asignación y evaluación.
Ambos programas fueron eliminados en 2021, justo cuando la incidencia delictiva aumentó de 30,535 a 34,918 delitos por cada 100 mil habitantes entre 2010 y 2024 (ENVIPE), y la percepción de inseguridad creció de 60.3% a 64.7%.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) —instrumento federal que transfiere recursos a las entidades— también refleja esta decadencia. En 2026 apenas contará con 9,951 millones de pesos, solo 1% más que en 2025, pero 29% menos en términos reales respecto a su máximo histórico de 2014.
Desde 2010, el FASP mantiene una tendencia decreciente, sin fórmula de actualización y sujeto al criterio político del Congreso y la SHCP, a diferencia de los demás fondos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La impunidad como combustible invisible
La impunidad se ha convertido en el combustible invisible de la violencia en México.
Lo que comenzó como un fenómeno asociado a estructuras criminales organizadas se ha extendido a la vida cotidiana.
La ausencia de consecuencias reales frente al delito —desde homicidios de alto perfil hasta robos menores— ha generado un efecto de imitación que fractura el orden social.
Cuando el Estado tolera o es incapaz de castigar los grandes crímenes, envía un mensaje claro: “las reglas pueden quebrarse sin sanción”.
Es el principio descrito por Robert K. Merton en su teoría de la anomia: cuando las normas pierden legitimidad, los individuos buscan sus propios atajos para sobrevivir, incluso si eso implica delinquir.
Así, la violencia se “democratiza”: ya no proviene únicamente del crimen organizado, sino también de delincuentes menores —muchos recluidos en centros penitenciarios— que actúan con la certeza de que nada les pasará.
La impunidad se vuelve aspiracional: si los poderosos no enfrentan castigo, ¿por qué lo haría el ladrón, el extorsionador o el agresor común?
La sociedad responde con miedo: miedo a denunciar, miedo a salir, miedo a confiar.
Un miedo que erosiona la vida pública y convierte el espacio ciudadano en territorio del silencio y la resignación.
Normalización de la crueldad y pérdida de autoridad
En este contexto, la crueldad se banaliza:
ancianos asaltados, mujeres violentadas, comerciantes extorsionados, trabajadores robados en su trayecto al trabajo, niños expuestos a agresiones.
Ya no son excepciones, sino síntomas de una normalidad perversa.
Si la inseguridad se limitara a los enfrentamientos entre organizaciones delictivas, el problema estaría acotado; pero la impunidad lo desborda todo.
El hecho de que la propia presidenta de la República haya sido agredida públicamente y con plena visibilidad mediática trasciende el evento aislado: representa el colapso de los límites del respeto social y de la autoridad simbólica del Estado.
🎙️ COMENTARIO EDITORIAL
