Evolución de la pobreza al cierre del 2022
Por Dr. Abel Ortiz Prado
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social “CONEVAL” es el organismo del Estado mexicano encargado de generar la medición multidimensional de pobreza en México. De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que tiene la atribución de normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecutan las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en México, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.
Conforme al artículo 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social “GDS”, este organismo deberá realizar la medición de pobreza con una periodicidad mínima de cada dos años a nivel nacional y por entidad federativa, y para ello debe utilizar la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consecuente con lo anterior, el CONEVAL retoma la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares “ENIGH” del INEGI como fuente de información para medir la pobreza multidimensional a este nivel de desagregación.
El INEGI por su parte, recopila información sobre los ingresos y gastos de los hogares, las condiciones sociodemográficas y ocupacionales de las personas, así como las características de las viviendas. Una vez publicada oficialmente dicha información, el CONEVAL realiza un análisis detallado de la encuesta en apego a los principios de rigor técnico, metodológico y transparencia que orientan sus labores.
En línea con la antes expresado, durante el mes de agosto del año pasado, el CONEVAL presentó el informe de la medición de la pobreza multidimensional con datos al cierre del 2022 -tal vez el último en su calidad de organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de gestión- con base en los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza y en la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI.
Ordinariamente estos informes observan una periodicidad bianual, pero en esta ocasión el periodo del análisis comprendió del 2018 al 2022 con el propósito de medir las implicaciones económicas y sociales de la pandemia originada por el virus SARS-Cov-2. Del análisis de este reporte se desprende que durante este cuatrienio a nivel nacional el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional bajó del 41.9% al 36.3% al cierre del 2022, es decir 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona, insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como “bienes y servicios necesarios”, mientras que el porcentaje de la población en situación de “pobreza extrema” permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Lo anterior indica que, el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas en esta vulnerable condición.
Por lo que corresponde a Nayarit, el número de personas en situación de pobreza entre el 2020 y 2022 bajó de 376.6 a 369.9 miles reduciéndose en 1.1 puntos porcentuales. En contraposición, la población en condición de pobreza extrema subió de 47.0 a 81.1 miles de personas, incrementándose en un 72.5%. En lo que respecta a las carencias sociales, con excepción al acceso a la alimentación, todas registran incremento.
Las personas sin acceso a servicios de salud pasaron de 306.3 a 430.4 miles, lo que sugiere que aún no se registra el impacto del esquema IMSS-Bienestar; el número de personas que no tienen acceso a la seguridad social se incrementó en un 9.43%, lo que nos indica la necesidad de una vigorosa política para incrementar el empleo formal a través de la Secretaría de Economía Estatal.
El número de personas que carecen de calidad y espacios en la vivienda paso de 88.7 a 136.9 miles, lo que demanda mayores esfuerzos del IPROVINAY focalizados a las zonas marginadas. La pobreza patrimonial acusa que un 26.5% y un 10.4% de los hogares, no cuenta con lavadora y refrigerador respectivamente, aspecto que con un programa concurrente -federación, estado, mpios- coordinado por la Sría Estatal del Bienestar, pudiera mitigarse, como ya ocurrió con la reposición de TVs por el cambio tecnológico.
En la carencia de servicios básicos en la vivienda, se registra un crecimiento del 24% donde el 3% no tienen piso firme ni sanitario, lo que demanda una focalización en la aplicación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, donde por cierto habrá que destacar que la fórmula de distribución para los municipios el 2025, deberá actualizarse sustituyendo los datos del 2020 con los del 2022.
El conocimiento tiene que ser desafiado, mejorado e incrementado, de lo contrario; se desvanece.
Contacto: aborpra@hotmail.com. Consultor en Finanzas, Administración Pública y Asociaciones Público-Privadas. @seguidores
