La infraestructura hidráulica en Jalisco: entre el colapso estructural, la crisis sanitaria y la captura privada del bien común
“Tomar agua nos da vida, pero
tomar conciencia nos dará agua”
Anónimo
Por Pedro Gonzáles Castro y Rutilo Tomás Rea Becerra | Tu Revista Perfiles
La gestión del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) atraviesa una severa crisis, caracterizada por una infraestructura colapsada, niveles alarmantes de contaminación, pero sobre todo, una profunda opacidad administrativa. Esta emergencia hídrica no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa de un modelo de gobernanza que prioriza intereses privados y la politización del recurso por encima del derecho humano al agua, contraviniendo estándares internacionales (United Nations, 2010; OCDE, 2015).
Desde 2010, la ONU reconoce el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano fundamental que exige disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad. La situación en el AMG vulnera sistemáticamente estos criterios. Aplicando el marco teórico de Elinor Ostrom (2015) sobre bienes comunes, observamos que el desplazamiento de la gestión hacia esquemas de corte mercantil ha transferido los beneficios a actores privados, mientras que los costos —tanto económicos como de salud pública— recaen exclusivamente sobre la ciudadanía.
La OCDE (2015) advierte que la fragmentación institucional, la opacidad y la captura por intereses privados son las causas principales del fracaso en la gobernanza hídrica. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) refleja fielmente estas deficiencias. Históricamente, su estructura ha sido vulnerable a presiones políticas, un fenómeno que, según la literatura internacional, deriva en crisis sistémicas similares a la ocurrida en Flint, Michigan, donde la negligencia técnica y la toma de decisiones basada en criterios políticos derivaron en una catástrofe de salud pública (Masten et al., 2016).
La infraestructura hidráulica es, ante todo, infraestructura crítica. Su deterioro no solo implica fugas de agua, sino riesgos latentes para la seguridad y la economía regional (UNDRR, 2019). La falta de inversión preventiva y la obsolescencia de las redes en el AMG recuerdan las crisis observadas en metrópolis como Johannesburgo o Nueva Delhi, donde el descuido del mantenimiento estructural ha provocado una desigualdad territorial severa en el acceso al recurso (World Bank, 2020).
Un aspecto determinante en el AMG es la denominada «privatización encubierta». Este modelo ocurre cuando el Estado mantiene la titularidad formal, pero delega funciones estratégicas y obras fundamentales a empresas privadas mediante contratos que a menudo carecen de transparencia (Hall & Lobina, 2014). Casos como los de Cochabamba y París demuestran que estas dinámicas suelen culminar en aumentos tarifarios injustificados y en la necesidad de una remunicipalización ante la incapacidad de los operadores privados para garantizar el suministro (Barlow, 2014).
En Jalisco, la evidencia del deterioro es palpable. Tres décadas después de las explosiones de 1992, que ya alertaban sobre la fragilidad del subsuelo y la nula supervisión técnica, la realidad es alarmante: más de 650 colonias reciben agua con sedimentos, olores fétidos y contaminantes que representan riesgos dermatológicos y gastrointestinales (El Universal, 2026; Gutiérrez, 2026). La exigencia de una alerta sanitaria subraya que el problema ha rebasado los límites de lo tolerable.
Ante este panorama, el gobierno estatal ha anunciado una inversión de 5 mil millones de pesos para el SIAPA (Imagen Noticias, 2026a). Sin embargo, especialistas como Arturo Gleason advierten que, sin la creación de una mesa técnica independiente, auditorías profundas y una reestructuración integral, dicha inversión corre el riesgo de ser un simple paliativo. Las experiencias en Sudáfrica han demostrado que inyectar capital sin corregir las fallas de gobernanza es, en última instancia, un desperdicio de recursos públicos que no logra detener la crisis (Ziervogel, 2019).
El debate actual sobre la privatización en Jalisco ha estado marcado por la negación política y la ambigüedad, ocultando a menudo cómo la captura institucional impide soluciones técnicas de largo plazo (Avila, 2026; Ortiz, 2026b). La politización del servicio ha impedido la tecnificación necesaria, repitiendo errores de gestión que han sido documentados desde décadas pasadas (Hernández, 2020).
La crisis hídrica en el AMG no es solo técnica; es una crisis de justicia social que profundiza las desigualdades existentes. Mientras las zonas con mayor influencia política pueden mitigar las fallas, las periferias enfrentan el gasto adicional de agua embotellada, afectaciones a la salud y una pérdida total de confianza en las instituciones.
La solución requiere abandonar el modelo mercantilista y transitar hacia uno basado en el bien común. Siguiendo el ejemplo de ciudades con gobernanza robusta como Ámsterdam o Berlín, la recuperación del agua en Jalisco demanda auditorías externas, participación ciudadana vinculante, total transparencia contractual y la absoluta despolitización del servicio. La sostenibilidad del AMG depende de entender que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano cuya salvaguarda es la única garantía de bienestar social.
🎙️ COMENTARIO EDITORIAL

Referencias
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Álvarez Gutiérrez, Ó. E. (2026b, 2 de julio). ¿Por qué se estancan las soluciones para el agua en Guadalajara? Informador.
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Hernández, J. C. (2020, 6 de octubre). Dau: una historia que duró 23 días. Marcatextos.
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